Realizan taller de revision del desempeño de la seguridad vial en RD

Durante el entrenamiento impartido en un hotel de esta ciudad, se abordaron temas como diseño, monitoreo y evaluación de acciones en Seguridad Vial, a cargo de Gabriel Pérez, Oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL.

Asimismo, se compartieron las buenas prácticas y herramientas internacionales en vehículos y usuarios más seguros, a través de una conferencia impartida por Rebecca Huang, Oficial de Asuntos Económicos de la UNECE.

También, se realizó una capacitación en Planificación Estratégica, con la tutoría de Licette Lendeborg, profesora de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y especialista en Gestión de Proyectos y Administración Estratégica.

La actividad se enmarca en el proyecto que implementa la CEPAL, junto a la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE), en países en desarrollo y economías en transición, financiado por la Cuenta para el Desarrollo de las Naciones Unidas.

En el artículo 4, párrafo 6, la Ley 63-17 establece la Seguridad Vial como uno de sus principios básicos de aplicación, y en ese sentido dicta que: “El Estado orientará sus acciones para garantizar la seguridad vial de todas las personas que decidan desplazarse en los medios y modalidades de transporte terrestre disponibles, interviniendo sobre los factores de riesgo y atendiendo de forma especial a los grupos de riesgo y usuarios vulnerables”.

El INTRANT fue creado en julio de 2017, como órgano nacional rector del sistema de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana. Es un organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera y técnica, encargado de cumplir y hacer cumplir la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Nueva Ley elimina a la AMET

La promulgación de la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre y Tránsito supondrá la fusión de la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), de la Oficina Técnica del Transporte (OTTT), del Consejo para la Administración y Regulación de Taxis (CART), la Caja de Pensiones y Jubilaciones para los Choferes y el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (Fondet) en el nuevo Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

La Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet) y la Autoridad Metropolitana del Transporte de Santiago (Ametrasan) pasarían a formar parte de la nueva Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que dependerá de la Policía Nacional.

La nueva ley, aprobada el pasado viernes en la Cámara de Diputados, autoría de Tobías Crespo, señala que a partir de los 6 meses de su entrada en vigencia, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) pasarán a ser empresas públicas, o mixtas con participación del sector privado. “El Poder Ejecutivo emitirá los decretos para su transformación institucional, administrativa, técnica y operativa”, dice la legislación.

Esas dos instituciones pasarán a ser reformadas en empresas públicas o mixtas públicas-privadas “prestadoras de servicios nacionales de transporte de autobuses y ferroviario respectivamente”.

Las instituciones que se fusionan en el Intrant lo harán con su personal, equipos, bienes muebles e inmuebles, derechos, registros, créditos, obligaciones y presupuestos de las dependencias que lo adelante lo integrarán.

Con el paso de la Amet y  INAmetrasan a la nueva Digesett, también lo harán los equipos, bienes muebles e inmuebles, derechos, registros, personal, créditos, obligaciones y presupuestos, oficinas y departamentos. “De ser necesario, el Poder Ejecutivo modificará la estructura orgánico funcional de otros órganos de la administración pública con el objeto de armonizar las funciones administrativas de las dependencias que los integran con las asignadas a INTRANT”, dice el artículo 358 de la nueva ley. “Creando, suprimiendo o readecuando las áreas necesarias a fin de evitar superposición, solapamiento o duplicidad de competencias”, señala el referido artículo.

Orden en transporte 
Con la aprobación de este proyecto, el Estado intenta poner orden en el transporte público, eliminando la maraña de instituciones que sobre un mismo tema y funciones fueron creadas con el paso de los años. Ayer el diputado proponente de la legislación, Tobías Crespo, reconocía todo el tiempo que había pasado desde su primera presentación, perimiendo en algunas legislaturas por la falta de conocimiento en alguna de las dos cámaras legislativas.

El Intrant, la primera de los tres bloques a modificar, será una institución descentralizada, con autonomía administrativa y adscrita al ministerio de Obras Públicas.

Mientras que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) será una dependencia de la Policía Nacional, y se crea como una dirección técnica y especializada “que operará conforme a las políticas que establezca el Ministerio de Interior y Policía y el INTRANT”.

(+) SERVICIO PÚBLICO Y DE INTERÉS PÚBLICO 
Otra de las creaciones de la nueva ley es la Escuela Nacional de Educación Vial (Enevial) como una dependencia del Intrant, que tendrá un director designado por el Consejo de Dirección del Intrant, que lo seleccionará por dos años de una terna presentada por el director del Intrant.

“El transporte público terrestre de pasajeros será considerado un servicio público y de interés público, regulado y gestionado por el Estado a través del Intrant y los ayuntamientos”, indica la nueva ley, ahora a la espera de su promulgación.

La aprobación de la ley también llega meses después de que el Tribunal Superior Administrativo emitiera una sentencia que ordena al Estado dominicano a evitar el monopolio en el transporte en el país, un reclamo que sostuvo el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) contra los sindicatos de transporte público. La motivación de los empresarios se produjo para romper el llamado monopolio en el transporte de cargas desde los muelles del país, hasta el momento de la sentencia de uso exclusivo por la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado).

Los empresarios tienen interés en invertir en el transporte de carga y en el de público de pasajeros. Entre las penalizaciones que incluye la nueva legislación está que los conductores que violen la ley serán castigados con multas desde uno hasta 20 salarios mínimos; y los que provoquen incidentes lamentables de manera imprudente se le podrá cancelar la licencia de conducir desde uno a cinco años, o reducirle de puntos al chofer por incurrir en violaciones.

Además, se señala que los conductores del trasporte de pasajeros urbano e interurbano estarán sujetos a exigencia de calidad y no podrán abordar pasajeros que no estén en las paradas establecidas por las autoridades.

Directora Intrant: muchos motoristas no tienen licencia porque son extranjeros indocumentados

SANTO DOMINGO. La directora ejecutiva del Instituto Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que apenas 300,000 motociclistas poseen licencia de conducir debido a que una gran cantidad de ellos son extranjeros que se encuentran viviendo en el país sin ningún tipo de documento que avale su estatus migratorio.

Claudia Franchesca de los Santos destacó también que más de un millón de motocicletas circulan en el país sin su respectivo marbete porque entraron como piezas -así lo registró la Dirección de Aduanas-, fueron armadas aquí y vendidas como tales.

Explicó que trabaja con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para buscar fórmulas posibles para que ese millón de motocicletas que circulan sin placas sean regularizadas.

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, la directora del Intrant reiteró que el caso de las motocicletas es uno de los principales problemas que tiene el tránsito y el transporte de pasajeros en el país, debido a que más del 60 % de las muertes por accidentes de tránsito se produce en ese medio de transporte.

“Pero hay algo muy importante que hemos estado viendo con la Dirección de Impuestos Internos, y es que de dos millones de motores registrados, cerca de un millón no tiene placa; ¿por qué no tienen placas?, porque en algún momento entraron motores desarmados al país, Aduanas los registraba como pieza y se armaban aquí”, explicó la funcionaria.

Agregó que, como consecuencia de eso, ninguna institución les podía dar placa, porque ese vehículo no entró siendo un motor, pero aseguró que se trabaja con la DGII para dotarlos de sus respectivas chapas, porque además de un tema de seguridad ciudadana, “todo el que está en las calles tiene que estar identificado y saberse quién es”.

Ratifica en nueve corredores en la capital no se permitirán carros del concho

Conforme se divulga en una nota de prensa del programa D´ Agenda, De los Santos explicó que como parte del ordenamiento del tránsito vehicular y el transporte de pasajeros en la ciudad de Santo Domingo, en nueve corredores no se aceptará la circulación de los carros del concho.

La funcionaria dijo que también se contempla que los choferes de los minibuses de pasajeros solo trabajen seis horas al día, para los cuales, en una jornada de 18 horas que circule una unidad, contarán con tres conductores en ese periodo de tiempo.

“Se han identificado nueve corredores en la ciudad de Santo Domingo, que los principales son los tradicionales que conocemos: Kennedy, 27 de Febrero, Máximo Gómez, Sabana Larga, Isabel Aguiar; es decir los corredores de siempre, estos corredores ameritan una colectivización de su transporte”, detalló.

Aseguró que el propio presidente Danilo Medina le explicó a los líderes del sector transporte de pasajeros cómo sería ese plan que pretende enfrentar el caos que en ese sentido vive la ciudad de Santo Domingo.

“Dependiendo de la demanda de pasajeros, se establecen los vehículos, sus capacidades, sus frecuencias que deben circular en esa vía, si es un autobús de 45 pasajeros, si tiene que ser de 80, de 90, si tiene que ser de 30, entonces se establece una frecuencia de cada qué tiempo tiene que pasar un autobús por la parada a recoger pasajeros, y se le garantiza la ocupación”, precisó.

Insistió en que la ley ordena un proceso de “deschatarrización”, es decir sacar las chatarras, y se establecerá la cantidad de carros del concho que deberá salir del sistema.

“Los vehículos que queden deberán estar en condiciones de dar el servicio, y el Intrant los llevará a vías periféricas de la ciudad, no a las vías centrales, porque en ellas se quedarán solamente los autobuses”, especificó la funcionaria.

Dijo que la institución que dirige creará un fideicomiso mediante el cual serán comprados los vehículos a ser “chatarrizados”, a cuyo propietario se le otorgará un bono con el cual al operador de ruta le servirá para cubrir parte del costo de la nueva unidad que va adquirir.

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