La urgencia de eficientes políticas públicas de Seguridad Vial
Al menos 12,007 víctimas por percances de tránsito se cuentan en los sub registros estadísticos de AMET al finalizar el año 2014, en aumento en lo que va del año que transcurre.
Ello no quiere decir que esa cifra sea el total general correspondiente a la República Dominicana para los períodos señalados, debido a que existen muchas instituciones depositarias de datos que no son conciliados.
Las fatalidades que se estiman de esta información, lamentablemente nos colocan entre los países del mundo con mayor factor de riesgo de muerte en las vías públicas.
En lo que respecta a la morbilidad, se experimentó un crecimiento del 51%, también en el 2014 con relación al año anterior.
Pero la República Dominicana no implementa políticas públicas tendentes a revertir los resultados mencionados.
Los costos en vidas, bienes, servicios, en salud y en daños ambientales son incuantificables por el momento, pese a que FundaReD y CNSS con informaciones primarias estiman costes entre 2.21% y 4% del PIB, en tanto, la OMS advierte que algunas naciones alcanzan el 5% del PIB, lo cual hace pensar en el gran costo social que se está acumulando en el Estado.
Si nos preguntamos ¿Cómo resolver este fenómeno epidémico?, sin lugar a dudas podemos afirmar:
- En primer lugar, entendiendo que se trata de un problema complejo: socio-económico-cultural y jurídico; con un impacto muy negativo en lo referente al medio ambiente y a la salud. Algo todavía no comprendido en su totalidad porque es generado por el desplazamiento humano.
- En segundo término, identificando los factores de riesgos que predominan, para el diseño de estrategias integrales que puedan ponerse en marcha armoniosamente con todos los actores de la vida nacional.
-Tercero, teniendo el concepto claro del problema, planteando soluciones que tomen en consideración las experiencias de buenas prácticas de políticas públicas de otras latitudes y las recomendaciones de los organismos especializados en seguridad vial, para que basados en los diagnósticos objetivos y confiables, empecemos a tomar decisiones a partir de que la Seguridad Vial debe ser un tema de Estado, con su propia identidad.
Por estas razones, nunca estaríamos de acuerdo con el proyecto de ley que cursa en la Cámara de Diputados, y que reduce la Seguridad Vial a un plano secundario, supeditándola a un Instituto, con funciones de Organismo Rector, controlador de las políticas normativas de los aspectos que originan la inseguridad en la circulación.
FundaRed se opone proyecto ley de tránsito
Santo Domingo.-La Fundación Red de la Dignidad (Funda Red) se opone a que el Congreso Nacional apruebe un proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Instra), que se encargaría de los temas de movilidad, trasporte y seguridad vial.
Mario Holguín, presidente ejecutivo de la esa organización, advierte que no es lógico que un mismo organismo se encargue de diseñar las políticas de transporte y de seguridad vial, ya que se constituiría en juez y parte. Por eso propone que los temas de seguridad sean tratados por otra entidad autónoma.
“Lo que origina la inseguridad vial es el tránsito y el transporte. Si una entidad hace mal su trabajo en el transporte de seguro va a esconder los resultados de al seguridad vial, impidiendo el avance en esa materia”, alertó el ejecutivo.
En una visita a la redacción de EL DÍA, Holguín señaló que en el país existe un subregistro de los accidentes de tránsito de al menos 12,007 víctimas en el año 2014, cifra que va en aumento en este año.
Agregó que los costos en vidas, bienes y servicios de salud por esa causa podrían llegar al 4% del PIB
Agregó que los costos en vidas, bienes y servicios de salud por esa causa podrían llegar al 4% del PIB
Proyectada Ley de Tránsito no garantiza seguridad vial
Un órgano rector de la seguridad vial tiene por finalidad diseñar, elaborar, planificar, y dirigir políticas públicas de un país como un gestor de la seguridad vial para que ésta sea sostenible y sustentable.
En esos aspectos, es el responsable de hacer los trámites y operaciones para salvaguardar el respeto a la ley de seguridad vial y los procedimientos establecidos en la materia, fiscalizando las instituciones integradas al sistema.
Es a través de este organismo que se “conocen los procesos o la forma de actuar en cada caso”.
Por ello se recomienda que el órgano tenga por característica, ser autónomo, autárquico y con autoridad para garantizar transparencia y equidad.
En otras palabras, se convierte en un ente que rompe la inercia del Estado para centrar sus esfuerzos en reducir los accidentes y las tasas de mortalidad y morbilidad a consecuencia de las malas políticas en el desplazamiento humano.
Este órgano rector de la seguridad vial ejerce una fuerza centrípeta sobre todos los actores públicos, privados y no gubernamentales, hacia el objetivo común descrito. Promoviendo con su liderazgo planes y programas institucionales; fiscalizándolos, sin permitir en ningún momento que se disgreguen y se pierdan en el tiempo y en los propósitos.
Una comisión legislativa sugiere la creación de un Instituto de Tránsito y Transporte (INTRANT) que dirigiría las políticas en esos sectores, y que a todas luces también estaría a cargo de la Seguridad Vial en el país, lo cual es peligroso al proceso de transformación administrativa y de gestión que aspiramos en la República Dominicana.
Tal institución se convertiría en la generadora de la inseguridad vial si aplica malas políticas en sus principales áreas de acción, y a la vez, pudiera de forma interesada manejar o manipular los resultados de los indicadores de siniestralidad poniendo en riesgo la rentabilidad económica y política que encierra un proyecto de responsabilidad colectivo.
Esta última problemática, denominada inseguridad vial, una epidemia por las estadísticas de víctimas de tránsito, daños a la economía nacional, a bienes materiales; consecuentemente, productora de pobreza y de un drama humano cotidiano e invaluable en las familias afectadas, se perfila entre las políticas públicas cruciales a la que se tiene que poner especial atención.
En cambio, la Seguridad Vial como nueva política de Estado es hoy en día uno de los temas de mayor trascendencia en los países de economía en crecimiento.
Por tanto, se recomienda no solo crear un sistema de gestión interinstitucional público y privado, sino ejecutar conforme al plan de acción integral que sea consensuado, las políticas para disminuir progresivamente los factores que ponen en riesgo la vida, la salud, las propiedades y el medio ambiente por posibles deficiencias en las aplicaciones del INTRANT.
Categóricamente, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) no puede ser JUEZ Y PARTE. LEY, BATUTA Y CONSTITUCIÓN.
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