Seguridad Vial con Autonomía, Autarquía y Liderazgo
Justificación de un órgano rector para la seguridad vial en República Dominicana
Seguridad Vial con Autonomía, Autarquía y Liderazgo.
Ing. Mario Holguín
Presidente FundaReD
República Dominicana
5 de Septiembre de 2015
Algunos sectores de la sociedad dominicana han querido satanizar la creación de un órgano rector de la seguridad vial alegando que sería una institución más que se agregaría al sistema administrativo gubernamental dominicano. Interpretando que se sumaría a los existentes relacionados con el tránsito que en conclusión resultan inoperantes a todas luces.
La verdad es que con tantas confusiones y falta de información del tema podría ser lógico pensar en una estructura adicional como una carga más para el Estado.
Pero de lo que se trata realmente es de la urgente necesidad de abordar un tema crucial para la nación del que nunca en República Dominicana se le ha puesto atención. Este hecho impacta no solo a las víctimas, sino también a las familias afectadas por la pérdida de un ser querido. Golpea fuertemente la economía nacional, el medioambiente y los planes de desarrollo sostenible en carpeta.
La República Dominicana en su historia no ha tenido nunca una ley integral de seguridad vial ni mucho menos un plan nacional y estratégico. Me refiero a políticas par preservar y proteger la vida de los usuarios de las vías y las comunidades circundantes a los trayectos.
Jamás, por tanto, República Dominicana ha tenido en su administración una oficina que trace y se ocupe exclusivamente de las políticas públicas referidas a este tema fundamentada en la investigación y el análisis científicos.
Con una población creciente que ronda los diez millones de habitantes, un campo vehicular también con la misma tendencia de desarrollo cuantitativo de más de 3 millones 400 mil unidades en desmedro de su calidad y antigüedad, y una red viaria cercana a los 20 mil kilómetros de longitud.
En medio de esta selva de concreto urbano e interurbano y máquinas a loco transitar, usuarios en general que exhiben un comportamiento indeseable para la convivencia pacífica, no es para menos que las estadísticas arrojen indicadores catastróficos, números inconcebibles e inaceptables a la naturaleza humana.
Este órgano rector de la seguridad vial debe crearse bajo el criterio de ser un ente autónomo y autárquico. Con liderazgo
Al panorama anterior habría que agregar las consecuencias de no tener reglas claras y normas que se respeten en las actividades de movilidad, tránsito y transporte terrestre.
Alta vulnerabilidad en absolutamente todos los factores de riesgo que puedan existir en la conducción, incluyendo el sistema de autoridad, desde los que producen las normativas, control, vigilancia y fiscalización hasta de los que producen las iniciativas legislativas que rijan el sector de seguridad vial y los órganos sancionadores a los violadores de las leyes.
Una institución de seguridad en la circulación tendría por misión principal disminuir la tasa de siniestralidad derivada de los incidentes de tránsito mediante la planificación, coordinación y financiación de los planes y medidas efectivas en el territorio nacional.
En tal sentido, sería un organismo con personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, gerencial y técnica. Con jurisdicción nacional. Con liderazgo. Y que con criterio integrador cree un eficiente, eficaz y transparente sistema de gestión interinstitucional.
Con autoridad administrativa para diseñar, someter y ejecutar las políticas públicas relativas a la seguridad vial de la República Dominicana. Centrarse al objetivo de atenuar los factores de riesgo que predominan en el sistema viario nacional que afectan la vida, la salud y las propiedades de los usuarios de las vías y de las comunidades circundantes de estas.
Responsable de elaborar programas a corto, mediano y largo plazo para la prevención de siniestros viales que coadyuve a preservar la vida, la salud y los bienes de los usuarios de las vías públicas en armonía con el desplazamiento de las personas en el marco de un plan nacional de la mano con el desarrollo sostenible de la República Dominicana
Con capacidad de evaluar toda decisión relativa a políticas públicas para considerar sus impactos potenciales sobre la materia.
Este órgano rector de la seguridad vial debe crearse bajo el criterio de ser un ente autónomo y autárquico. Con liderazgo.
Proyecto del INTRANT contraviene organismos especializados en Seguridad Vial
Las recomendaciones relativas a la seguridad vial emitidas por los organismos especializados, son obviadas en la propuesta legislativa que busca regir el desplazamiento de los ciudadanos en la red viaria.
El Proyecto de Ley de Movilidad, Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial evidencia la gran crisis de valores institucionales en que está inmerso el país, caracterizada por el protagonismo, el afán de manejar recursos, y el Poder.
El INTRANT, de aprobarse el Proyecto de Ley que supedita la Seguridad Vial, sería la institución reguladora del desplazamiento terrestre y los medios a utilizarse; forzosamente dirigiría el proceso de frenar primero, disminuir después y, finalmente, evitar los riesgos a los usuarios de las vías mediante la aplicación de políticas eficientes y eficaces.
Será también la que recibirá los recursos, los manejará a su discreción, lo mismo que las decisiones del día a día, y los temas claves del plan estratégico e integral. Administrará los resultados de la gestión y los proyectos; se autoevaluará, se fiscalizará, se supervisará y rendirá cuentas en materia de seguridad vial.
O sea, concentrará los esfuerzos en el trabajo de análisis de institucionalidad: inspección, vigilancia y control de las normativas de seguridad vial y manejo patrimonial de las informaciones.
Colombia era así hasta hace poco tiempo; se dio cuenta y corrigió esos entuertos porque los resultados resultaron contraproducentes.
España se le parece en cierto modo, pese ser un modelo mundial en políticas de seguridad vial.
Sin embargo, empezaron los cuestionamientos, desde que a principio de 2015 se manipularon las informaciones del Observatorio de Datos, según la sociedad española y los partidos políticos, sus principales aliados en la aplicación del plan integral conjuntamente con los medios de comunicación y el sector privado productivo.
Esto ocurre sin importar que existe en ese país un Consejo Europeo, un Consejo Superior de Seguridad Vial, una Comisión Permanente en la Cámara Legislativa, y los partidos políticos de la oposición; ademá, de todas las acciones de la Dirección General de Tránsito y el Ministerio del Interior, instituciones responsables de la seguridad vial en España, vigiladas por la sociedad civil constituida y fortalecida para tales fines.
Los centros especializados y todos los organismos multilaterales coinciden en la recomendación fundamental de que la seguridad vial para avanzar debe estar fundamentada en una adecuada legislación, bajo la responsabilidad de un ÓRGANO RECTOR ÚNICO con autoridad, autonomía y autocracia.
Por considerarse un tema de Estado; por su impacto en todos los ejes de la vida: social, político, económico, cultural y educativo; medioambiental, de salud, jurídico y vialidad; fortalecimiento de las relaciones Estado-Sociedad-Gobiernos Municipales y de las relaciones e intercambios internacionales e interinstitucionales, etc., en la agenda nacional ha de tomarse en cuenta este tema a la hora de pensar en Políticas de Desarrollo Sostenible.
La globalización de la información nos permite una comunicación más fluida con el mundo exterior y conocer por tanto qué se está haciendo en otras latitudes.
Los países más avanzados, los que más han progresado en el tema, dando a conocer las buenas prácticas de políticas públicas nos dicen que un órgano rector de la seguridad vial es lo recomendable. Contrariamente a lo que se pretende instaurar aquí, un sistema manipulable.
Nadie en su sano juicio, conocedor del tema, sugeriría que quien maneje y controle las políticas oficiales de seguridad vial sea juez y parte, como se evidencia en el caso que nos ocupa.
El INTRANT sería el todopoderoso Instituto Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre, y según la ley propuesta, concentraría todos los organismos con duplicidad de funciones en materia de tránsito y transporte, para librar a tiempo completo una guerra permanente con los sindicatos y otros colectivos interesados, y eso estaría muy bien para comenzar a ordenar la casa.
Mas pienso, que por falta de buena asesoría, la Seguridad Vial quedaría también como dependencia, lo cual se contraviene a toda sugerencia razonable de análisis de gestión. Ya que las ineficiencias de las políticas del INTRANT serán las que generen los factores de riesgos predominantes en las vías.
En cambio, el órgano, cual sea que maneje y coordine la seguridad vial, debiera ocuparse exclusivamente de las políticas oficiales implementadas para proteger, preservar y salvar vidas, salud y bienes de los que se desplazan; fiscalizando las medidas acordadas y coordinadas con el INTRANT, otras instituciones de primer orden y los diversos sectores de la sociedad para garantizar que la seguridad vial sea sostenible, transparente, justa y equitativa, porque finalmente de lo que se trata es de mejorar la calidad de vida, es de propiciar un “estado de bienestar” en las vías.
Seguridad Vial con Autonomía, Autarquía y Liderazgo.
Ing. Mario Holguín
Presidente FundaReD
República Dominicana
5 de Septiembre de 2015
Algunos sectores de la sociedad dominicana han querido satanizar la creación de un órgano rector de la seguridad vial alegando que sería una institución más que se agregaría al sistema administrativo gubernamental dominicano. Interpretando que se sumaría a los existentes relacionados con el tránsito que en conclusión resultan inoperantes a todas luces.
La verdad es que con tantas confusiones y falta de información del tema podría ser lógico pensar en una estructura adicional como una carga más para el Estado.
Pero de lo que se trata realmente es de la urgente necesidad de abordar un tema crucial para la nación del que nunca en República Dominicana se le ha puesto atención. Este hecho impacta no solo a las víctimas, sino también a las familias afectadas por la pérdida de un ser querido. Golpea fuertemente la economía nacional, el medioambiente y los planes de desarrollo sostenible en carpeta.
La República Dominicana en su historia no ha tenido nunca una ley integral de seguridad vial ni mucho menos un plan nacional y estratégico. Me refiero a políticas par preservar y proteger la vida de los usuarios de las vías y las comunidades circundantes a los trayectos.
Jamás, por tanto, República Dominicana ha tenido en su administración una oficina que trace y se ocupe exclusivamente de las políticas públicas referidas a este tema fundamentada en la investigación y el análisis científicos.
Con una población creciente que ronda los diez millones de habitantes, un campo vehicular también con la misma tendencia de desarrollo cuantitativo de más de 3 millones 400 mil unidades en desmedro de su calidad y antigüedad, y una red viaria cercana a los 20 mil kilómetros de longitud.
En medio de esta selva de concreto urbano e interurbano y máquinas a loco transitar, usuarios en general que exhiben un comportamiento indeseable para la convivencia pacífica, no es para menos que las estadísticas arrojen indicadores catastróficos, números inconcebibles e inaceptables a la naturaleza humana.
Este órgano rector de la seguridad vial debe crearse bajo el criterio de ser un ente autónomo y autárquico. Con liderazgo
Al panorama anterior habría que agregar las consecuencias de no tener reglas claras y normas que se respeten en las actividades de movilidad, tránsito y transporte terrestre.
Alta vulnerabilidad en absolutamente todos los factores de riesgo que puedan existir en la conducción, incluyendo el sistema de autoridad, desde los que producen las normativas, control, vigilancia y fiscalización hasta de los que producen las iniciativas legislativas que rijan el sector de seguridad vial y los órganos sancionadores a los violadores de las leyes.
Una institución de seguridad en la circulación tendría por misión principal disminuir la tasa de siniestralidad derivada de los incidentes de tránsito mediante la planificación, coordinación y financiación de los planes y medidas efectivas en el territorio nacional.
En tal sentido, sería un organismo con personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, gerencial y técnica. Con jurisdicción nacional. Con liderazgo. Y que con criterio integrador cree un eficiente, eficaz y transparente sistema de gestión interinstitucional.
Con autoridad administrativa para diseñar, someter y ejecutar las políticas públicas relativas a la seguridad vial de la República Dominicana. Centrarse al objetivo de atenuar los factores de riesgo que predominan en el sistema viario nacional que afectan la vida, la salud y las propiedades de los usuarios de las vías y de las comunidades circundantes de estas.
Responsable de elaborar programas a corto, mediano y largo plazo para la prevención de siniestros viales que coadyuve a preservar la vida, la salud y los bienes de los usuarios de las vías públicas en armonía con el desplazamiento de las personas en el marco de un plan nacional de la mano con el desarrollo sostenible de la República Dominicana
Con capacidad de evaluar toda decisión relativa a políticas públicas para considerar sus impactos potenciales sobre la materia.
Este órgano rector de la seguridad vial debe crearse bajo el criterio de ser un ente autónomo y autárquico. Con liderazgo.
Proyecto del INTRANT contraviene organismos especializados en Seguridad Vial
Las recomendaciones relativas a la seguridad vial emitidas por los organismos especializados, son obviadas en la propuesta legislativa que busca regir el desplazamiento de los ciudadanos en la red viaria.
El Proyecto de Ley de Movilidad, Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial evidencia la gran crisis de valores institucionales en que está inmerso el país, caracterizada por el protagonismo, el afán de manejar recursos, y el Poder.
El INTRANT, de aprobarse el Proyecto de Ley que supedita la Seguridad Vial, sería la institución reguladora del desplazamiento terrestre y los medios a utilizarse; forzosamente dirigiría el proceso de frenar primero, disminuir después y, finalmente, evitar los riesgos a los usuarios de las vías mediante la aplicación de políticas eficientes y eficaces.
Será también la que recibirá los recursos, los manejará a su discreción, lo mismo que las decisiones del día a día, y los temas claves del plan estratégico e integral. Administrará los resultados de la gestión y los proyectos; se autoevaluará, se fiscalizará, se supervisará y rendirá cuentas en materia de seguridad vial.
O sea, concentrará los esfuerzos en el trabajo de análisis de institucionalidad: inspección, vigilancia y control de las normativas de seguridad vial y manejo patrimonial de las informaciones.
Colombia era así hasta hace poco tiempo; se dio cuenta y corrigió esos entuertos porque los resultados resultaron contraproducentes.
España se le parece en cierto modo, pese ser un modelo mundial en políticas de seguridad vial.
Sin embargo, empezaron los cuestionamientos, desde que a principio de 2015 se manipularon las informaciones del Observatorio de Datos, según la sociedad española y los partidos políticos, sus principales aliados en la aplicación del plan integral conjuntamente con los medios de comunicación y el sector privado productivo.
Esto ocurre sin importar que existe en ese país un Consejo Europeo, un Consejo Superior de Seguridad Vial, una Comisión Permanente en la Cámara Legislativa, y los partidos políticos de la oposición; ademá, de todas las acciones de la Dirección General de Tránsito y el Ministerio del Interior, instituciones responsables de la seguridad vial en España, vigiladas por la sociedad civil constituida y fortalecida para tales fines.
Los centros especializados y todos los organismos multilaterales coinciden en la recomendación fundamental de que la seguridad vial para avanzar debe estar fundamentada en una adecuada legislación, bajo la responsabilidad de un ÓRGANO RECTOR ÚNICO con autoridad, autonomía y autocracia.
Por considerarse un tema de Estado; por su impacto en todos los ejes de la vida: social, político, económico, cultural y educativo; medioambiental, de salud, jurídico y vialidad; fortalecimiento de las relaciones Estado-Sociedad-Gobiernos Municipales y de las relaciones e intercambios internacionales e interinstitucionales, etc., en la agenda nacional ha de tomarse en cuenta este tema a la hora de pensar en Políticas de Desarrollo Sostenible.
La globalización de la información nos permite una comunicación más fluida con el mundo exterior y conocer por tanto qué se está haciendo en otras latitudes.
Los países más avanzados, los que más han progresado en el tema, dando a conocer las buenas prácticas de políticas públicas nos dicen que un órgano rector de la seguridad vial es lo recomendable. Contrariamente a lo que se pretende instaurar aquí, un sistema manipulable.
Nadie en su sano juicio, conocedor del tema, sugeriría que quien maneje y controle las políticas oficiales de seguridad vial sea juez y parte, como se evidencia en el caso que nos ocupa.
El INTRANT sería el todopoderoso Instituto Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre, y según la ley propuesta, concentraría todos los organismos con duplicidad de funciones en materia de tránsito y transporte, para librar a tiempo completo una guerra permanente con los sindicatos y otros colectivos interesados, y eso estaría muy bien para comenzar a ordenar la casa.
Mas pienso, que por falta de buena asesoría, la Seguridad Vial quedaría también como dependencia, lo cual se contraviene a toda sugerencia razonable de análisis de gestión. Ya que las ineficiencias de las políticas del INTRANT serán las que generen los factores de riesgos predominantes en las vías.
En cambio, el órgano, cual sea que maneje y coordine la seguridad vial, debiera ocuparse exclusivamente de las políticas oficiales implementadas para proteger, preservar y salvar vidas, salud y bienes de los que se desplazan; fiscalizando las medidas acordadas y coordinadas con el INTRANT, otras instituciones de primer orden y los diversos sectores de la sociedad para garantizar que la seguridad vial sea sostenible, transparente, justa y equitativa, porque finalmente de lo que se trata es de mejorar la calidad de vida, es de propiciar un “estado de bienestar” en las vías.
Holguín insta a los médicos dominicanos a prevenir los siniestros de tránsito
Imprudencia motorizada: carrera hacia la muerte
La vida de Jorge Luis González “Toletico”, de 19 años, se apagó en una curva. Uno de sus más grandes placeres, conducir motocicletas a alta velocidad, lo llevó a formar parte de la larga lista de jóvenes que mueren cada año en accidentes de tránsito... LEER MAS!
Leave a Reply