La seguridad vial contra el desempleo y la muerte

Desde hace tiempo hemos venido promoviendo la “seguridad vial sostenible” como única herramienta eficaz para disminuir los indicadores de siniestralidad en las vías públicas, que en la República Dominicana tiene carácter de epidemia.

Este concepto se fundamenta en la continuidad del Estado y en el carácter inclusivo, transparente, equitativo y justo de sus actuaciones; con un marco legislativo propio que defina un radio de acción integrador de todos los actores y fiscalizador del cumplimiento de las normativas de parte de los mismos.

Es un modelo orientado a sustituir el esquema actual, cuyo agotamiento se evidencia en falta de autonomía, de autoridad y de autosuficiencia financiera en los países donde se practica.

La situación actual debería obligar a que los gobiernos, nacional y municipales, desarrollen políticas unificadas que en sus propuestas tomen en cuenta la exposición a riesgos en la circulación, integrando a la sociedad, y dándole identidad propia a la seguridad vial como eje transversal.

El mito de que la seguridad vial no deja votos ni dinero sigue postergando las decisiones consideradas importantes para el bienestar social y económico de las comunidades, y ello acrecienta una deuda acumulada, realmente impagable; aunque lo cierto es que, como tema de Estado, constituye una demanda nacional por los alarmantes niveles de las estadísticas, su impacto negativo en el medio ambiente y en la economía nacional.

Estamos seguros que, por lo contrario, sí deja votos y sí deja dinero. Las razones son obvias, no solamente porque su implementación tiene como norte las generaciones presentes y futuras, sino porque procura erradicar las consecuencias de las fatalidades en carretera, del empobrecimiento de las familias por hospitalizaciones de los lesionados, sin valorar la pena y el dolor que conlleva todo este drama, que no podemos entenderlo simplemente como parte obligada del “Desarrollo Sostenible”.

La seguridad vial sostenible, y sobretodo en un gobierno estable, incentiva a la creación de empresas de servicios muy variadas en materia de movilidad, y en este aspecto el país lo tiene a su favor actualmente.

El emprendurismo es una vía para el desarrollo de la innovación y la investigación; la exploración de nuevos recursos para su utilización en el área de la seguridad en la circulación es insospechable, como también lo es la gran cantidad de posibilidades de empleos desde el gobierno y desde el sector privado.

Solamente pensar en la cantera de maestros que deberán capacitarse a todos los niveles, exclusivamente para la educación vial, deja abierta una brecha de empleos grandiosa. Instructores que respondan a nuevos reglamentos del sistema en las escuelas de manejo y en otras áreas de acción, como la ingeniería, jurídica y salud.

Las infraestructuras para tales fines podrían ser un interesante capítulo de inversiones, lo mismo que la de especialistas que responderían a una estructura específica y novedosa que permita aplicar con éxito los planes integrales.

La demanda de técnicos multidisciplinarios en seguridad vial, que se orienten en planificación, desarrollo de programas; gestión de proyectos; administración de procesos; publicidad especializada, formación; en investigación, tecnologías… da apertura a una nueva era del conocimiento.

Tomarse en serio las políticas de seguridad en el desplazamiento humano es asumir el compromiso de explorar un campo ilimitado, en procura de modificar el comportamiento de las personas; que implica proporcionar un Estado de bienestar con la participación de la población en pro de objetivos comunes para salvar vidas.

En definitiva, es una materia pendiente evaluar el aspecto económico de todo cuanto hemos citado a groso modo, sin dudas de que en su oportunidad será tomado en consideración para determinar cuánto le costará al gobierno dominicano implantar su modelo estructural de Seguridad Vial, cualquiera que sea, y el momento que sea, pero cuanto antes mejor.

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